Ética y Moral en el Funcionario Público
Se puede referir sencillamente a la ética aplicada y
puesta en práctica en los asuntos de gobierno. Es la ética aplicada en los
servidores públicos, entendiendo por éstos aquéllas personas que ocupan u cargo
público ya sea por elección, oposición u otra medio, y que tienen una
responsabilidad ante el Estado. Dichas responsabilidades se traducen en actos
concretos orientados hacía el interés común y al de la ciudadanía en general.
La ética pública se refiere entonces a los actos humanos; por lo tanto que son
realizados por gobernantes y funcionarios públicos en el cumplimiento del deber
y sus funciones, esta sección intentará mostrar aquéllos valores para el
servicio público que señala la teoría política, así como aquéllos que existen
en los gobiernos y administraciones públicas contemporáneas.
La ética en la gestión pública venezolana no se ha
relacionado con los valores organizacionales de las instituciones, existiendo
un gran brecha entre el deber ser de la ética y la filosofía organizacional que
han adoptado los gerentes públicos, la cual fundamentalmente se ha orientado a
establecer de manera obligada instrumentos de gestión estratégicos respondiendo
más a una moda de la planificación estratégica, que exigía la definición de una
visión y una misión, que a la urgente necesidad de incorporar valores éticos
dentro de la filosofía organizacional y relacionarlo directamente con el Código
de Ética como elemento innovador , participativo y catalizador del deber ser
colectivo con el deber ser individual, enfocado en valores organizacionales
aceptados en su totalidad por la organización.
La necesaria vinculación entre quien ejerce un cargo
público con una conducta ética enfocada hacia el bienestar colectivo, es una
premisa que debería alejar a males comunes y conocidos dentro de este sector,
como la corrupción, la inmoralidad y la ineficiencia y que generan conductas no
éticas, que inciden considerablemente en la responsabilidad institucional de la
Administración Pública.
Las decisiones morales son, por lo tanto, fruto de la
integridad moral de las personas, y por eso, antes que un servidor público
obligado por las leyes y las normas del entorno laboral y administrativo, lo
que requiere la Administración Pública son personas con integridad moral,
capaces de hacer lo correcto sin necesidad de amenazas, sanciones o
recompensas. De la integridad moral de cada persona que trabaja al servicio de
las organizaciones públicas depende básicamente el éxito en la lucha contra las
faltas a la ética pública. Desde esta perspectiva, se puede decir que las leyes
y las sanciones son un complemento coercitivo para orientar la conducta de los
ciudadanos de un Estado; son necesarias en la medida que existen personas que,
por satisfacer deseos e intereses individuales ajenos al bien público, tienden a
apartarse del deber moral.
La ética se relaciona directamente con la acción moral
del ser humano en todas las actividades realizadas en forma consiente,
constituida por la aplicación de una serie de normas morales tomando como base
honradez, lealtad, la cortesía y el honor, las cuales contribuyen a la fundación
y consolidación de las estructuras Institucionales.
El funcionario público debe necesariamente ajustar su
comportamiento a una serie de normas y lineamientos de orden moral, ya que la
gran mayoría de sus funciones ante la sociedad resultan de suma importancia en
el quehacer diario de los ciudadanos, por lo que debe convertirse en servidor
con ejemplo de moralidad, donde el cumplimiento del deber y el orgullo de ser
Funcionario Público, se debe vivir día a día para recobrar la confianza de la
ciudadanía.
El Código de Ética dentro de la cultura organizacional
del administrador público se puede considerar como una norma guía, es decir
como un modelo con indicadores morales, que permite al individuo dedicado a
labores de atención en organizaciones del estado, a orientarse en el
cumplimiento de sus acciones correctas y no como algo obligado a desempeñar.
En toda actividad de la Administración es importante
la ética para reforzar las condiciones de credibilidad en el oficio público que
supone una tarea de servicio dirigida a la colectividad; lo cual es el eje
central de la ética pública y fundamento constitucional de la Administración.
Los servidores públicos deben ser personas con la
convicción de que la calidad de los servicios que se prestan tiene una clara
relación con el trabajo bien terminado y que es necesario encontrar los
intereses legítimos de los ciudadanos en cada trámite y gestión que realicen,
la ética hace referencia a los valores objetivos que transcienden a la persona
y que hacen referencia al comportamiento de los individuos, según MEILAN Gil,
el derecho es insuficiente para cubrir toda la actuación del funcionario y para
remediar los perjuicios de lo que no es conforme a los cánones del gobierno,
sobre todo un contexto de creciente complejidad en la que la eficacia debe
estar integrada en la legalidad y en los valores del servicio público”.
Por otra parte, en Venezuela la gestión pública se ha
caracterizado por presentar problemas de carácter ético desde los tiempos
remotos, sin embargo tal situación no solo se presenta en nuestro país sino que
la presentan todos los países latinoamericanos, tal aseveración se desprende
del hecho cierto de que se han alejado del fin último que persigue el Estado,
como lo es, procurar el bienestar social.
El Estado para alcanzar sus fines requiere de quienes
la conforman conciencia plena de la importancia del concepto ético moral, en la
cual deben prevalecer en todas sus actuaciones los intereses colectivos sobre
los intereses de carácter privado, con pautas bien marcadas en la escala de
valores.
Quienes se desempeñan en el ámbito público tienen la
experiencia de que la labor es ardua, y requiere de un alto grado de
responsabilidad y compromiso, sin olvidar que la lucha lo constituye tanto el
dialogo como el acuerdo dentro de las decisiones que se adopten.
Este es un instrumento normativo en el cual se
describen no solo los valores, sino que pretende comprometer a los miembros de
la organización con la comunidad y con el estado. Todo Código de Ética debe
tener bases sólidas, y su fundamento debe expresar su visión pública, como un
compromiso hacia el cual se dirigen sus acciones, incluyendo la condición de
vulnerabilidad o coacción en caso de incumplir las pautas o normativas
previamente establecidas.
No es tarea fácil lograr que los funcionarios públicos
actúen en un marco de legalidad, o enmarquen sus actuaciones del día a día con
las normas establecidas en un Código de ética, ello se debe lo que se puede
llamar rectitud moral en el ejercicio de sus funciones, o carencia de una
cultura profesional apegada a los principios de conducta ética. Si bien es
cierto que los miembros de una organización no poseen una cultura
organizacional, no es del todo cierto que todas las empresas no posean una
cultura organizacional, ya que su desarrollo permite explanar valores
fundamentales.
El sector público requiere adoptar la cultura
organizacional como un sistema de significados compartidos por la mayoría de
sus integrantes, y que lo pudiese diferenciar de las organizaciones que conforman
el sector privado, destacando entre sus características: la identidad de sus
miembros, la normalización, responsabilidad en la toma de decisiones, así como
identidad institucional y social.
Lo que se quiere a nivel Gubernamental:
La construcción de un Estado ético, vale decir, de una
nueva ética del hecho público. Un Estado de funcionarios honestos, eficientes
que más que un altar de valores, exhiban una conducta moral en sus condiciones
de vida, en la relación con el pueblo y en la vocación del servicio que prestan
a los demás. Un Estado del cual se sienta parte el ciudadano. El Estado está
llamado a ser el espacio ético por excelencia, si no lo es, el ciudadano no
tendrá motivo para serlo.
