Ética y Moral en el Funcionario Público

Ética y Moral en el Funcionario Público

Se puede referir sencillamente a la ética aplicada y puesta en práctica en los asuntos de gobierno. Es la ética aplicada en los servidores públicos, entendiendo por éstos aquéllas personas que ocupan u cargo público ya sea por elección, oposición u otra medio, y que tienen una responsabilidad ante el Estado. Dichas responsabilidades se traducen en actos concretos orientados hacía el interés común y al de la ciudadanía en general. La ética pública se refiere entonces a los actos humanos; por lo tanto que son realizados por gobernantes y funcionarios públicos en el cumplimiento del deber y sus funciones, esta sección intentará mostrar aquéllos valores para el servicio público que señala la teoría política, así como aquéllos que existen en los gobiernos y administraciones públicas contemporáneas.

La ética en la gestión pública venezolana no se ha relacionado con los valores organizacionales de las instituciones, existiendo un gran brecha entre el deber ser de la ética y la filosofía organizacional que han adoptado los gerentes públicos, la cual fundamentalmente se ha orientado a establecer de manera obligada instrumentos de gestión estratégicos respondiendo más a una moda de la planificación estratégica, que exigía la definición de una visión y una misión, que a la urgente necesidad de incorporar valores éticos dentro de la filosofía organizacional y relacionarlo directamente con el Código de Ética como elemento innovador , participativo y catalizador del deber ser colectivo con el deber ser individual, enfocado en valores organizacionales aceptados en su totalidad por la organización.

La necesaria vinculación entre quien ejerce un cargo público con una conducta ética enfocada hacia el bienestar colectivo, es una premisa que debería alejar a males comunes y conocidos dentro de este sector, como la corrupción, la inmoralidad y la ineficiencia y que generan conductas no éticas, que inciden considerablemente en la responsabilidad institucional de la Administración Pública.

Las decisiones morales son, por lo tanto, fruto de la integridad moral de las personas, y por eso, antes que un servidor público obligado por las leyes y las normas del entorno laboral y administrativo, lo que requiere la Administración Pública son personas con integridad moral, capaces de hacer lo correcto sin necesidad de amenazas, sanciones o recompensas. De la integridad moral de cada persona que trabaja al servicio de las organizaciones públicas depende básicamente el éxito en la lucha contra las faltas a la ética pública. Desde esta perspectiva, se puede decir que las leyes y las sanciones son un complemento coercitivo para orientar la conducta de los ciudadanos de un Estado; son necesarias en la medida que existen personas que, por satisfacer deseos e intereses individuales ajenos al bien público, tienden a apartarse del deber moral.

La ética se relaciona directamente con la acción moral del ser humano en todas las actividades realizadas en forma consiente, constituida por la aplicación de una serie de normas morales tomando como base honradez, lealtad, la cortesía y el honor, las cuales contribuyen a la fundación y consolidación de las estructuras Institucionales.

El funcionario público debe necesariamente ajustar su comportamiento a una serie de normas y lineamientos de orden moral, ya que la gran mayoría de sus funciones ante la sociedad resultan de suma importancia en el quehacer diario de los ciudadanos, por lo que debe convertirse en servidor con ejemplo de moralidad, donde el cumplimiento del deber y el orgullo de ser Funcionario Público, se debe vivir día a día para recobrar la confianza de la ciudadanía.

El Código de Ética dentro de la cultura organizacional del administrador público se puede considerar como una norma guía, es decir como un modelo con indicadores morales, que permite al individuo dedicado a labores de atención en organizaciones del estado, a orientarse en el cumplimiento de sus acciones correctas y no como algo obligado a desempeñar.

En toda actividad de la Administración es importante la ética para reforzar las condiciones de credibilidad en el oficio público que supone una tarea de servicio dirigida a la colectividad; lo cual es el eje central de la ética pública y fundamento constitucional de la Administración.

Los servidores públicos deben ser personas con la convicción de que la calidad de los servicios que se prestan tiene una clara relación con el trabajo bien terminado y que es necesario encontrar los intereses legítimos de los ciudadanos en cada trámite y gestión que realicen, la ética hace referencia a los valores objetivos que transcienden a la persona y que hacen referencia al comportamiento de los individuos, según MEILAN Gil, el derecho es insuficiente para cubrir toda la actuación del funcionario y para remediar los perjuicios de lo que no es conforme a los cánones del gobierno, sobre todo un contexto de creciente complejidad en la que la eficacia debe estar integrada en la legalidad y en los valores del servicio público”.

Por otra parte, en Venezuela la gestión pública se ha caracterizado por presentar problemas de carácter ético desde los tiempos remotos, sin embargo tal situación no solo se presenta en nuestro país sino que la presentan todos los países latinoamericanos, tal aseveración se desprende del hecho cierto de que se han alejado del fin último que persigue el Estado, como lo es, procurar el bienestar social.

El Estado para alcanzar sus fines requiere de quienes la conforman conciencia plena de la importancia del concepto ético moral, en la cual deben prevalecer en todas sus actuaciones los intereses colectivos sobre los intereses de carácter privado, con pautas bien marcadas en la escala de valores.

Quienes se desempeñan en el ámbito público tienen la experiencia de que la labor es ardua, y requiere de un alto grado de responsabilidad y compromiso, sin olvidar que la lucha lo constituye tanto el dialogo como el acuerdo dentro de las decisiones que se adopten.

Este es un instrumento normativo en el cual se describen no solo los valores, sino que pretende comprometer a los miembros de la organización con la comunidad y con el estado. Todo Código de Ética debe tener bases sólidas, y su fundamento debe expresar su visión pública, como un compromiso hacia el cual se dirigen sus acciones, incluyendo la condición de vulnerabilidad o coacción en caso de incumplir las pautas o normativas previamente establecidas.

No es tarea fácil lograr que los funcionarios públicos actúen en un marco de legalidad, o enmarquen sus actuaciones del día a día con las normas establecidas en un Código de ética, ello se debe lo que se puede llamar rectitud moral en el ejercicio de sus funciones, o carencia de una cultura profesional apegada a los principios de conducta ética. Si bien es cierto que los miembros de una organización no poseen una cultura organizacional, no es del todo cierto que todas las empresas no posean una cultura organizacional, ya que su desarrollo permite explanar valores fundamentales.

El sector público requiere adoptar la cultura organizacional como un sistema de significados compartidos por la mayoría de sus integrantes, y que lo pudiese diferenciar de las organizaciones que conforman el sector privado, destacando entre sus características: la identidad de sus miembros, la normalización, responsabilidad en la toma de decisiones, así como identidad institucional y social.

Lo que se quiere a nivel Gubernamental:

La construcción de un Estado ético, vale decir, de una nueva ética del hecho público. Un Estado de funcionarios honestos, eficientes que más que un altar de valores, exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida, en la relación con el pueblo y en la vocación del servicio que prestan a los demás. Un Estado del cual se sienta parte el ciudadano. El Estado está llamado a ser el espacio ético por excelencia, si no lo es, el ciudadano no tendrá motivo para serlo.